La Asociación de Funcionarias y Funcionarios de la Defensoría Penal Pública (AFUDEP) sostuvo una reunión de trabajo con el senador José Miguel Insulza, integrante de la Comisión de Hacienda del Senado, con el objeto de hacerle llegar formalmente las aprensiones y observaciones de la organización respecto del Proyecto de Ley de Reajuste del Sector Público 2026 y otras materias laborales relevantes.
Tal como AFUDEP lo ha realizado en años anteriores, la reunión tuvo por finalidad incidir en la discusión parlamentaria del reajuste, aportando una mirada técnica y sindical desde el empleo público y la Defensoría Penal Pública. En este sentido, se recordó que este trabajo sostenido ha tenido resultados concretos: en 2023, AFUDEP, junto a la Asociación de Fiscales, el Colegio Médico y la Asociación de Magistradas y Magistrados, contribuyó a lograr un reajuste universal del 12%; y en 2025, se consiguió la modificación de la base de cálculo del bono escolar adicional, lo que permitió que más de 50 funcionarias y funcionarios de la DPP accedieran a este beneficio, del cual antes estaban excluidos.
Durante la reunión, se reiteraron las observaciones que AFUDEP dio a conocer públicamente el 17 de diciembre, en relación con el acuerdo suscrito entre el Gobierno y la Mesa del Sector Público.
En lo específico, el dirigente Jacques Mora Sepúlveda abordó el alcance del guarismo propuesto (2% + 1,4%), señalando que este reajuste no logra cubrir la variación del IPC del período diciembre 2024 – noviembre 2025, lo que implica, en los hechos, un retroceso en el poder adquisitivo de las remuneraciones de las y los funcionarios públicos.
En la conclusión planteada por Jacques Mora se deprende que el aumento efectivo de la masa salarial anual es de solo un 2,71%. El 3,4% es una cifra "de llegada" que solo se alcanza en el último mes, pero que no representa la realidad del gasto acumulado durante el año.
Según lo planteado por el dirigente, si la inflación acumulada en el periodo es igual o superior al 3,4%, el trabajador experimenta una pérdida económica real. Al recibir solo un 2,71% de incremento promedio frente a un costo de vida que sube de forma constante, el reajuste no solo no es "real", sino que funciona como un impuesto encubierto al consumo, donde el Estado ahorra a costa del poder de compra del empleado o pensionado.
En dicha reunión se comprometió hacer llegar una minuta con el análisis realizado al senador para que se tenga presen en las discusiones pendientes en la ley de presupuesto.
Por su parte, el presidente de AFUDEP, Ignacio Ramírez Villegas, se refirió a la norma transitoria de teletrabajo en la Administración Pública, advirtiendo que esta mantiene un carácter excepcional y discrecional, además que no se encuentra vinculada al Sistema Nacional de Cuidados (Chile Cuida).
Desde la asociación se planteó que esta desconexión es especialmente preocupante, dado que el cuidado sigue siendo tratado solo como un criterio de prelación y no como un derecho laboral exigible. Como ejemplo concreto, se expuso el caso de una funcionaria del Centro de Justicia que tiene a su cargo una hija pequeña con credencial de discapacidad y que solo ha podido acceder al teletrabajo por vía excepcional y por voluntad administrativa, situación que —a juicio de AFUDEP— debiera estar amparada por una regulación con enfoque de cuidados.
Finalmente, Ramírez abordó la ausencia de las 40 horas en el sector público, señalando que, pese a ser hoy una realidad en el sector privado, esta materia no se encuentra contemplada en el proyecto de ley, ni siquiera a través de normas transitorias o cronogramas. En este punto, se planteó la posibilidad de avanzar en planes piloto, especialmente en servicios con atención diurna, donde no existiría impacto fiscal relevante, pero sí una mejora sustantiva en la calidad de vida laboral.
En el cierre de la reunión, el senador Insulza manifestó su disposición a considerar los planteamientos expuestos y advirtió, además, sobre una disposición del proyecto que excluye a funcionarios y funcionarias por razones de edad, aspecto que también genera preocupación y que será seguido con atención por AFUDEP durante la tramitación legislativa.
Como asociación, reafirmamos nuestro compromiso de informar oportunamente a las bases, incidir en el debate parlamentario y defender condiciones laborales justas y coherentes con el rol del Estado como empleador.