Les saludan fraternalmente, DIRECTORIO NACIONAL ANEF.           

                                                                                 Santiago, 10 de Enero de 2012. SENTENCIA DE LA CORTE SUPREMASantiago, nueve de enero de dos mil doce.     A fojas 95: Al primer otrosí, no ha lugar a los alegatos solicitados.                Vistos:     Se confirma la sentencia apelada de veintinueve de noviembre de dos mil once, escrita a fojas 76.Regístrese y devuélvase.Nº 12.491-2011.  Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema, Integrada por los Ministros Sr. Sergio Muñoz G., Sr. Héctor Carreño S., Sr. Pedro Pierry A., Sra. María Eugenia Sandoval G. y el Abogado Integrante Sr. Nelson Pozo S. Santiago, 09 de enero de 2012. Autoriza la Ministra de Fe de la Excma. Corte Suprema.En Santiago, a nueve de enero de dos mil doce, notifiqué en Secretaria por el Estado Diario la resolución precedente.       FALLO DE LA CORTE DE APELACIONES Santiago,  veintinueve  de noviembre de dos mil once.                             Vistos y teniendo presente1º.- Que, a fojas 8, la AGRUPACION NACIONAL DE EMPLEADOS FISCALES, representada por su Presidente Nacional don Raúl Antonio De La Puente Peña, funcionario público, ambos domiciliados en Avenida Libertador Bernardo O’Higgins 1603, comuna de Santiago, interpone recurso de protección en contra del Ministerio de Hacienda, representado legalmente por don Felipe Larraín Bascuñán, en su calidad de Ministro de Hacienda, ambos domiciliados en calle de Teatinos 120, comuna de Santiago, en los siguientes términos:                Respecto del acto recurrido, dice que con fecha 23 de agosto de 2011, tomaron conocimiento a través de un correo electrónico con dos instrumentos emanados de la parte recurrida, denominados “Minuta de descuentos de remuneraciones ante atrasos o ausencias injustificadas” , que esta instrucción tiene por objeto dar a conocer el fundamento jurídico para poder efectuar los descuentos a aquellos funcionarios de la Administrador del Estado que se han ausentado o no han desempeñado efectivamente sus labores, reseñando una serie de normas legales y dictamen de la Contraloría. Pero agrega que inexplicablemente en dicho documento se concluye que de acuerdo al Estatuto Administrativo se debe aplicar descuento a funcionarios que no han cumplido con funciones  si la inasistencia es injustificada, para lo cual es necesario un registro de asistencia u otro medio que lo acredite, deben proceder a realizar el respectivo descuento en las remuneraciones, en este sentido el recurrente señala que dicha instrucción, sin perjuicio de reconocer que los descuentos deben realizarse previo procedimiento disciplinario, ordena que se realicen sin sumario administrativo previo.                En el segundo documento, “Acta de Constancia de ausencia de Funcionarios en sus labores funcionales”, el cual establece las pautas a seguir por los jefes de servicios, estableciendo los siguientes pasos: a) levantar acta, b) nombre de servicio, c) lugar y fecha, d) dejar constancia de hora y personas a quien se le pregunta y colocar sus expresiones como por ejemplo “no sé, no la he visto”, “fue a comprarse un café” o fue al baño, se recomienda esperar unos cinco o diez minutos y constatar su regreso, e) individualizar a los funcionarios ausentes, f) individualizar a los funcionarios que prestaron declaración y firmar colocando los datos  de los funcionarios que concurrieron a la toma de declaración, g) realizar la labor a lo menos tres veces al día.                De la simple lectura se obliga a cumplir con un procedimiento no establecido en la ley.                En cuanto a la arbitrariedad e ilegalidad del acto recurrido, señalan que la arbitrariedad se da al no existir criterios de racionalidad necesaria para un acto que emana de una autoridad pública, donde el principio de razonabilidad debe ser una de sus directrices. Y, además, es ilegal porque trasgrede las normas establecidas en el articulo 84 i) en relación con el articulo 119 ambos de Estatuto Administrativo, normas que ordenan realizar descuentos, previo procedimiento disciplinario. Que, vulnera, además, los artículos 126 y 128 también del Estatuto Administrativo, al establecer un ante procedimiento, vulnerando el principio de legalidad y, además, trasgrede el artículo 7º de Constitución Política de la República, teniendo como efecto la perturbación y amenaza de los derechos y garantías constitucionales tales como las siguientes:                a) Artículo 19, Nº 1, derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de las personas, esto porque, tanto las personas que realizan la actuación como los afectados, se ven perturbados al desmoronar el clima laboral.                b) Artículo 19, Nº4, derecho a la vida privada y la honra de la persona y su familia, dado que se pretende estar atento a hechos como cuando uno de ellos va al baño.-                c) Artículo 19, Nº2, derechos a la igualdad ante la ley, los instructivos, establecen una diferencia arbitraria, cuando se pretende aplicar un procedimiento ilegal distinto, por el llamado a Paro Nacional, a los que se aplica en situaciones de normalidad.                Solicita, que se acoja el presente recurso en todas sus partes, señalando que los instrumentos referidas, constituyen un acto arbitrario e ilegal, que perturban y amenazan las garantías constitucionales  y derechos garantizados en la Ley Fundamental como el derecho a la vida, respeto a la vida privada y la honra de las personas e igualdad ante la ley, y se ordene se dejen sin efecto dichos instructivos, con costas.2º.- Que, a fojas 50, don Felipe Larrain Bascuñan, Ministro de Hacienda, evacua informe en los términos siguientes:                Previa relación de los hechos del recurso, y en forma previa, señala que los fundamentos legales se encuentran establecidos en el artículo 72 del Estatuto Administrativo, en el cual se dispone que se procederá a los descuentos de remuneraciones por las horas efectivamente no trabajadas a menos que las ausencias sean justificadas, bastado para ello el solo requerimiento escrito del   jefe inmediato, esto es atendible a la naturaleza jurídica de la remuneración y al principio de la probidad y continuidad que debe existir en la prestación de servicios públicos, ya que, tienen la obligación legal de prestar servicios en forma continua y sin interrupciones haciendo primar el bien común, por lo que, los instrumentos sólo vienen a determinar efectiva y fehacientemente una circunstancia de hecho, el cual es el no trabajo del funcionario, con el objeto de poder dar un estricto y justo cumplimiento a la ley.                Agrega, que el artículo 19 número 16 de la Carta Fundamental, establece que los funcionarios no podrán declararse en huelga; el artículo 85 i) de la Ley 18.575 del Estatuto Administrativo prohíbe a los funcionarios dirigir, promover o participar en huelgas, interrupción o paralización de actividades, totales o parciales y, en otros actos que perturben el normal funcionamiento de los órganos de la Administración del Estado, en estos términos el artículo 72 del Estatuto Administrativo señala que procederán los descuentos por las horas no trabajadas a menos que las ausencias obedezcan a feriados, licencias, permisos con goce de remuneraciones, suspensión preventiva en procedimiento disciplinarios o cuando la inasistencia se deba a caso fortuito o fuerza mayor, por lo tanto, puede realizarse el descuento sin que medie procedimiento alguno, y la mencionada norma sólo establece el procedimiento para sancionar con la destitución al funcionario que presentare ausencias o atrasos reiterados sin causa justificada. Resaltando que los referidos documentos sólo constituyen una normal recomendación o buen proceder y, además, esto se ve refrendado por el principio de probidad conforme artículo 52 de la Ley 18.575.En cuanto al fondo, agrega que los cuestionados documentos se fundan en la ley, dictámenes de la Contraloría de la República y resoluciones de los Tribunales Superiores de Justicia, no pudiendo considerarse estos carentes de  la racionalidad necesaria para una actuación de la autoridad pública.Que, contrario a lo pretendido por los recurrentes, el descuento de las remuneraciones se encuentra legalmente justificado en el artículo 5º de la ley 18.575, artículo 84 i) en relación al artículo 119 de la ley 18.834 y 72 de la norma legal ya citada, dado que los funcionarios públicos tienen prohibido promover o participar en una huelga, y que los descuentos de remuneraciones por horas no trabajadas proceden de inmediato previo requerimiento escrito del jefe inmediato de la unidad.   Respecto a la vulneración del artículo 7º de la Constitución Política de la República, se debe tener presente que los órganos de Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes dentro de su competencia y en la forma que prescribe la ley, y los documentos se encuentran acordes a tal disposición.En relación a la violación de derechos constitucionales, como el artículo 19 Nº1 de la Constitución Política de la República, señala que la interpretación realizada por el recurrente es extrema, dado que dichos documentos sólo son una recomendación de carácter general dirigida a los funcionarios públicos que tiene el deber de observar y aplicar las disposiciones legales administrativas. La del artículo 19 Nº 4, la interpretación es irracional al pretender crear situaciones vejatorias y denigrantes, lo que es aberrante y contrario a la interpretación a las normas que dichos documentos hacen alusión. Garantía del articulo 19 Nº 2, los recurrentes señalan que se busca establecer un procedimiento ilegal y distinto al aplicado en situaciones de normalidad, sobre este punto dice que los documentos buscan constatar un hecho mediante un registro que cumple a cabalidad lo requerido por la ley, en caso de ausencia o atraso injustificado, por definición una situación anómala dentro del funcionamiento normal del órgano público.Finalmente, concluye que conforme lo señalado en los acápites anteriores el actuar de la Secretaria de Estado siempre ha sido y será con pleno respeto a la normativa legal vigente, encontrándose siempre y en todo momento ajustada a derecho bajo la presunción de legalidad de los actos administrativos-3º.- Que, respecto de la primera garantía constitucional infringida, señalada por la recurrente, basada en el Nº 1 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, esto es, el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de las personas, cabe tener presente que el constituyente agregó expresamente la integridad psíquica, es decir, aquella integridad psicológica o espiritual de la persona y, al decir de Raimundo del Río, “es todo hecho no autorizado por la ley, y que provoque en la persona dolor físico o moral, y que le es aplicado para obtener una confesión o con cualquier otro fin.”En el caso sub lite, la comunicación de que fueran objeto los recurrentes, afecta directamente su integridad psíquica, pues se verán obligados a inmiscuirse en la intimidad de los demás funcionarios, so pena, incluso, si no participan del instructivo, verse perjudicados en el desempeño de sus propias actividades, es más, esto constituiría un distractivo para sus labores y crearía,  como lo ha señalado el recurrente, un pésimo ambiente laboral, que está fuera de todos los marcos legales.4º.- Que, en lo que dice relación con la segunda garantía, señalada como infringida por el recurrente, esto es, aquella basada en el Nº 4 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, consistente en el respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia, cabe tener presente que la vida privada es aquella que comprende la vida familiar, entre cónyuges, entre padres e hijos; ella comprende la vida sentimental, y en general aquellas actividades propias de la intimidad de la persona, como señala el autor Hernán Molina Guaita, quien señala que se puede perturbar esa privacidad, espiando con teleobjetivos o aparatos electrónicos, fotografiando con teleobjetivos, etc.En el caso que nos ocupa, cada funcionario habrá de estar pendiente de todos los movimientos de sus compañeros de trabajo, incluso cuando estos deban satisfacer sus necesidades biológicas, pues, al ser interrogados, deberán incluso señalar que su par, se encuentra en el baño. Esta no es más que una manifestación de la intromisión en la esfera privada de la persona, la que establece la disposición en comento.5º.- Que, diferente resulta la situación de la última de las garantías señaladas como infringidas por el recurrente, basada en el Nº 2 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, esto es, la igualdad ante la ley. La recurrente ha señalado: “…ya que la aplicación de esta instrucción de la parte recurrida, establece una diferencia arbitraria, por cuanto pretende aplicar un procedimiento ilegal distinto motivado por el llamado a Paro Nacional, a los que se aplica en situaciones de normalidad,”Cabe recordar que la igualdad ante la ley significa que deben contemplarse las mismas normas jurídicas para todas las personas que se encuentren en análogas situaciones de hecho. Por ello, el principio hay que entenderlo, como de igualdad ante el derecho, ante toda regla de derecho, cualquiera sea su rango en el ordenamiento jurídico y el órgano estatal del cual ha emanado. La igualdad no es sólo ante la ley, sino también ante la Constitución, ante el reglamento, ante el auto acordado, o ante cualquiera otra norma jurídica.A este respecto, no se observa la arbitrariedad o ilegalidad pretendida por el recurrente, pues, el documento reclamado, encuentra apoyo en el artículo 72 del Estatuto Administrativo, este, en lo pertinente cumple con los requisitos de legalidad que requiere cualquier actuación de una autoridad, que, en lo que dice relación  con los descuentos, manifiesta la imposibilidad de recibir remuneraciones en los períodos en los cuales no se hubiese efectivamente trabajado, ello, a requerimiento escrito del jefe inmediato, sin necesidad de investigación sumaria alguna.6º.- Que, de lo relacionado precedentemente fluye la ilegalidad y arbitrariedad del documento que corre a fojas 3, en cuanto este viola las garantías constitucionales establecidas en los Nºs. 1 y 4 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.De esta manera se tiene que concurren todos y cada uno de los requisitos de procedencia de la acción del artículo 20 de la Carta Fundamental, lo que conducirá a acogerla en los numerales antes señalados, no ocurriendo lo mismo respecto del numeral 2º del artículo 19 de la Constitución Política de la República.Y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE ACOGE la acción constitucional de protección, deducida a fojas 8, sólo en cuanto se deja sin efecto el “Acta de Constancia de Ausencia de Funcionarios en sus Labores Funcionariales” de 9 de junio de 2011, en sus páginas 1 y 2, hasta el Nº 3 inclusive.Cada parte asumirá sus costas.Regístrese, comuníquese y archívese si no se apelare.Redacción Ministro (S) Sra. Gloria Solís R.N° 13.229-2011.       Pronunciada por la Sexta Sala de esta Ilma. Corte de Apelaciones de Santiago,  presidida por el Ministro señor Alejandro Madrid Crohare e integrada por la Ministro (S) señora Gloria Solís Romero y por el Abogado Integrante señora María Teresa Hoyos de la Barrera.

Nos unimos espiritualmente a Uds.,en el valor de la dignidaddel trabajador y servidor público, como también en nuestros profundos anhelosde construir y lograr  una sociedad justa ,solidaria y fraterna.

Nuestro sentimiento de dolor y solidaridad por nuestroscompañeros(as) que han sido injustamente despedidos y por los cuales seguiremostrabajando y luchando hasta el final. Que su amargura y frustración mástemprano que tarde se transforme en alegría con la reconsideracion de su caso yla reparación del daño ocurrido.

Compartimos la esperanza de un Año Nuevo más promisorio ypróspero para nuestros sueños, proyectos y anhelos.

irv