A continuacion transcribimos solicitud enviada a los integrantes de la Comision de Hacienda.

Honorable

            A través del presente, le queremos  solicitar una audiencia, a fin de exponerle nuestra preocupación como Asociación Nacional de Funcionarios (AFUDEP) y a la vez una propuesta sobre la situación de los trabajadores y trabajadoras del programa de responsabilidad penal adolescente en la Defensoría Penal Pública.

            El programa de completo a nivel nacional y que posee la cobertura de un 70% de las causas, la componen 83 personas que desde el inicio de la implementación de ley 20.084, el año 2006, sobre responsabilidad penal adolescente, han prestado sus servicios para desarrollar labores habituales de defensa en el contexto de la puesta en marcha de la citada ley y de la obligación legal que nos asiste como Defensoría Penal Pública.

La Ley N° 20.084, que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal, impuso una serie de obligaciones y desafíos para la Defensoría Penal Pública. Entre ellas, la señalada en el inciso final del Art. 29 que establece “cada institución adoptará las medidas pertinentes para garantizar la especialización”, por lo tanto, el funcionamiento real del sistema de justicia penal adolescente; los aprendizajes adquiridos en torno al significado y relevancia de la especialización para un correcto y adecuado funcionamiento del conjunto del sistema y el deber de atender a los condenados, nos imponen un mayor compromiso de nuestros trabajadores.

 Es importante destacar que los defensores Penales Juveniles y demás funcionarios RPA cuentan con la mayor y casi exclusiva experiencia existente en el país, toda vez que en dos años  han  absorbido el 63% de las causa penales juveniles en Chile. El restante 37% ha sido cubierto por defensores locales y en menor medida por licitados.

            Adicionalmente, no podemos dejar de señalar una de las implicancias sociales del programa, que dice relación con las ejecuciones de las causas juveniles. Tal aspecto procesal ha cobrado relevancia, pues muchas de las penas requieren un control de la autoridad en su cumplimiento. Para ello, se realizan en forma cotidiana audiencias, las cuales comparecen los defensores juveniles junto a delegados del SENAME. La carga de estas es considerable si se piensa que son sujetas a este control judicial las penas que van desde los trabajos comunitarios. A su vez, corresponden a ejecución las solicitudes de sustitución de condena, las cuales se hacen más recurrentes en adolescente condenados a penas privativas de libertad, las que  van en aumento. Los efectos de procedimientos y de gestión de estas audiencias son aún desconocidos, siendo el manejo de éstas bastante delicado en el cumplimiento de los fines de reinserción y de rehabilitación de la ley de responsabilidad adolescente, contando los defensores juveniles, como se señaló, con una valiosa experiencia al respecto.

            Por lo anteriormente señalado, es que queremos solicitarle a usted una audiencia para exponer con mayor detalle y al mismo tiempo entregarle una propuesta para que estas personas puedan de una manera gradual, traspasarse de su precaria situación  contractual (hoy son honorarios financiados con fondos de licitaciones) a un vinculo a la contrata.

            Se debe tener presente que el proyecto de presupuesto 2010, tanto la Defensoría Penal Pública y el Ministerio de Justicia coinciden con este proyecto, pero que sin embargo  el Ministerio de Hacienda, en el Proyecto que usted recibió para el próximo año, señalo que estas personas seguirán en el programa de licitaciones.

Nuestro objetivo, es poder establecer un compromiso en las glosas presupuestarias, para que en un periodo no superior a cuatro años, estas personas pasen a la contrata de manera gradual, a través de un aumento de dotación.

Esperando una favorable recepción a nuestra solicitud,

Se despide atentamente,

DIRECTORIO NACIONAL AFUDEP

www.afudep.cl